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12 mayo, 2022

Cámara ratificó acuerdo de Escazú sobre transparencia, participación y justicia ambiental

— Se trata de un instrumento “visionario y sin precedentes”, como afirma la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal). Bajo la premisa de que la participación ciudadana es necesaria para promover el desarrollo sostenible, el acuerdo incluye a las personas en el proceso de gestión ambiental.

Con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el Acuerdo de Escazú ((boletín 14852). Se trata del proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

El texto aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional. Se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia.

En particular, en ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica. A ello se suma la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático. También, el aumento de la resiliencia ante los desastres.

Asimismo, se incluye la primera disposición vinculante, en el mundo, sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

– Contenido –

En concreto, el acuerdo establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa.

De igual modo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales. Particularmente, respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.

También presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En tal plano, cautela las garantías del debido proceso, para acceder a instancias judiciales y administrativas.

Además, dispone que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

El acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tras constatarse la ratificación de once de los Estados parte. En la actualidad, el número alcanza a doce Estados, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

– Declaración interpretativa –

En su paso por la Comisión de Relaciones Exteriores, se aprobó, además, una “declaración interpretativa”, propuesta por parlamentarias y parlamentarios de Chile Vamos. Entre otros puntos, el texto:

1.- Apunta a la aplicación del acuerdo en relación al derecho interno.
2.- Reconoce los avances del país en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental.
3.- Precisa el sentido y alcance de la cooperación para la implementación del acuerdo en el país. Destaca que no aplica para demandas limítrofes ni exigencias que no son parte del tratado internacional.
4.- Establece que la autoejecutabilidad se implementará de acuerdo a las posibilidades y prioridades nacionales, respecto al acceso a la información pública, participación ciudadana y derecho al acceso a la justicia en materia ambiental.

– Debate –

El acuerdo de Escazú se analizó en tres comisiones: Relaciones Exteriores, Medioambiente y Futuro (Ciencias). Es por ello que en la Sala se leyeron los informes de estas tres instancias, entregados por Carmen Hertz (PC), Francisco Pulgar (IND) y Marta Bravo (UDI), respectivamente.

Posteriormente, en un extenso debate, las y los diputados expresaron sus posiciones a favor y en contra, exponiendo temas como la mantención del empleo y el desarrollo sostenible.

Intervinieron en el debate Frank Sauerman (RN), Viviana Delgado (IND), Cristhian Moreira (UDI), Jaime Araya (IND), Francisco Pulgar (IND), Tomás De Rementería (IND) y Carmen Hertz (PC).

También hablaron Alberto Undurraga (DC), José Carlos Meza (PREP), Jaime Sáez (RD), Luis Malla (PL), Erika Olivera (IND), Felipe Camaño (IND), Fernando Bórquez (UDI) y Daniel Melo (PS).

Además, Harry Jürgensen (IND), Camila Musante (IND), Natalia Romero (IND), María Francisca Bello (PCS), Diego Schalper (RN), Vlado Mirosevic (PL) y Stephan Schubert (IND).

Asimismo, argumentaron Cristián Tapia (IND), Matías Ramírez (PC), Luis Sánchez (PREP), Marcela Riquelme (IND), Daniella Cicardini (PS), Jaime Mulet (FRVS), Johannes Kaiser (IND) y Catalina Pérez (RD).

Adicionalmente, expusieron Andrés Longton (RN), Ericka Ñanco (RD), Nelson Venegas (PS), Consuelo Veloso (RD) y Sebastián Videla (IND).

Finalmente, participaron del debate Rubén Darío Oyarzo (PDG), Nathalie Castillo (PC), Emilia Schneider (Comunes) y Diego Ibáñez (PCS).

Por parte del Gobierno, hizo uso de la palabra la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas.

Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados

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