Este mes del Medio Ambiente, donde vemos con estupor la imposibilidad de la mayor potencia económica del mundo de controlar una fuga de petróleo en el Golfo de México, nuestra ciudad nos presenta variadas alternativas de educación ambiental, de acciones de protección y de conocer el estado de la situación actual de nuestra institucionalidad. Motivado por esto último, asistí a un taller organizado por el Departamento de Recursos Naturales de CONAMA, que tenía por fin informar del futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, contemplado  en la Ley 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente.

Este Servicio de Biodiversidad viene a ser el continuador renovado y potenciado del citado Departamento de Recursos Naturales, además de asumir funciones hasta hoy radicadas en otros servicios tales como CONAF, SAG y SERNAPESCA. Su puesta en marcha dependerá del envío oportuno del Proyecto de Ley respectivo, el que fue informado por Leonel Sierralta, Jefe de esta División, como un compromiso de la Ministra de Medio Ambiente para el 26 de enero de 2011. Por tanto, queda un tiempo aun para poder ver esta creación y, lo más importante, para aquellos que buscamos trabajar al alero de las certezas que nos da legislación ambiental, un tiempo sin duda aun extenso y turbulento para aquellos proyectos de inversión que digan relación con los recursos naturales y áreas silvestres protegidas del país.

Para comprender la complejidad de la operación de armado de este Servicio, se han conformado cuatro mesas de trabajo: del sector público, el académico, las ONG’s y el sector privado, referido a aquellos particulares que manejan áreas protegidas y los que tienen áreas potenciales de interés de protección. A lo anterior cabe agregar asesorías externas con fondos GEF y con la dirección de Rafael Asenjo, abogado que dirigió la creación de CONAMA durante el gobierno de Patricio Aylwin. Si bien se observa un nutrido contingente, se extraña en estas mesas a los asesores y consultores en estas materias, muchos estupendamente calificados profesionalmente y sin particulares intereses desde el punto de vista de posiciones políticas, ideológicas o de propiedad de los recursos.

Elementos muy sensibles de la discusión y del articulado futuro del proyecto de Ley se encuentran en la conformación de CONAF pública o lo que se denomina Servicio Nacional Forestal. Con una actual CONAF como una corporación de derecho privado y una ley nunca vigente del SNASPE, son muchas las atribuciones sobre las áreas protegidas actuales  que están en la mesa. No menos importante son las atribuciones que los otros servicios (incluida la Armada de Chile en lo referente a áreas protegidas marítimas) deberían transferir o coordinar con este nuevo Servicio, sumando además el hecho que importantes funciones de fiscalización y sanción podrían a su vez, ser transferidas a la Superintendencia de Medio Ambiente.

Cabe concluir que la presentación entregó una sensación de desafío no menor respecto de la readecuación institucional que trae aparejada el nuevo Servicio, la experiencia de Asenjo y el principio de gradualidad deberían ser herramientas de éxito en este proceso.

Luego de dicha jornada, participé en un taller convocado por SECTRA en el marco de actualizar el Manual de Evaluación Social de Proyectos Tácticos de Vialidad Urbana (MESPIVU) el que posee débiles instrumentos de evaluación ambiental y territorial, dados principalmente por la antigüedad del instrumento (1988). Frente a tan necesario trabajo sorprende escuchar a un profesional de esta Secretaría, quien señala que la evaluación social de proyecto no debería incluir en absoluto evaluaciones urbano ambientales, por cuanto se trata de instrumentos parametrizados donde no cabe incorporar otras variables.

Afortunadamente la Institucionalidad Ambiental está claramente en otra postura, favoreciendo la sustentabilidad de las inversiones, la protección del medio ambiente y el trabajo de muchos de nosotros, hay que decirlo.