El mundo agobiante y burocrático de Kafka es un cuento de niños comparado con las trabas que algunos servicios públicos y la Contraloría ponen al desarrollo urbano.

La historia de la ciudad de Santiago es ilustrativa. Tenía límites establecidos en un Plan Intercomunal, hasta que en la época militar éstos se eliminaron pensando que el mercado se haría cargo de todo. Lo que ocurrió es la segregación social más aberrante de que se tenga memoria. La gente se fue o la mandaron a vivir a alejadas comunas, como La Pintana o Puente Alto, donde el suelo era más barato. Parecía un buen negocio, pero resultó de corto plazo, pues detrás tenía que ir el Estado con la provisión de los servicios básicos hasta esos lugares. Entonces, durante la Concertación, se volvieron a restringir los límites de la ciudad. 

A la ausencia de planificación le siguió una basada en el centralismo: la autoridad definía mediante planos de colores, dónde se podía construir y dónde no, dando y quitando riqueza, con todo lo arbitrario que ello puede ser, sin contar el riesgo de amiguismo y corrupción que se produce.

En 2003 se llegó a una tercera forma de planificación, llamada planificación por condiciones, a través de los denominados  Proyectos Urbanos con Desarrollo Condicionado (PDUC). Esta nueva forma es mucho más objetiva y racional: se permite construir viviendas en aquellos lugares en los cuales se cumpla con una serie de permisos e inversiones, que básicamente consisten en que el desarrollador se hace cargo de las externalidades negativas que provoca. Así, para poder desarrollar un proyecto urbano se deben realizar soluciones viales, obras de mitigación de riesgos, áreas verdes y vivienda social, que permitan construir verdaderas “ciudades satélites”, integradas y sustentables.

Sin embargo, este tercer mecanismo parece no ser del gusto de algunos funcionarios públicos, que preferían mantener el poder de definir ellos hacia dónde se debe desarrollar la ciudad. Tampoco satisface a la Contraloría, que hace unos días decidió trabar, nuevamente, la aprobación de importantes PDUC que buscan construir miles de viviendas, generando mano de obra y beneficiando a sectores medios y bajos, a quienes estas viviendas están destinadas. Pese a que han pasado más de siete años de vigencia de la normativa, a la fecha no ha podido partir ningún PDUC, no obstante la gran expectativa que había en ellos.

Pareciera que tampoco este tercer mecanismo es del agrado de todo el sector privado. Algunos desarrolladores inmobiliarios prefieren la forma antigua de hacer ciudad, en la que se presionaba por ampliar el límite urbano, para de esa forma construir sin tener que enfrentar las costosas condiciones e inversiones impuestas para los PDUC.

Las demoras de funcionarios públicos pasan desapercibidas y las tardanzas superan a los diferentes gobiernos. Se ha tratado de suplir la ausencia de un alcalde mayor a través del Comité Ciudad y Territorio, que integra a las autoridades con competencia sobre la ciudad, pero éste raramente opera. Lo triste es que nos preocupan las áreas verdes en verano, las inundaciones en invierno, los tacos en otoño, pero olvidamos que la posibilidad de urbanizar bien desde el principio requiere superar tantos obstáculos, que se termina prefiriendo la forma antigua de hacer las cosas, a punta de llamados y reuniones. 

El suelo urbanizable se ha ido haciendo escaso y la gente aspira a tener su casa propia, más aún después del terremoto, que ha quitado atractivo a la edificación en altura. Pero las restricciones burocráticas generan un freno a la aspiración de esa gente, más allá de lo que el propio Kafka podía haber imaginado en sus peores pesadillas.