Tras la paralización de las obras, que generaron un fuerte impacto en el mundo empresarial, las partes involucradas lograron acuerdo luego de que AES Gener se comprometiera a invertir cerca de US$ 5 millones para compensaciones sociales y destinar US$ 80 millones a mejorar la tecnología de sus cuatro centrales.

Cumplir la normativa

A juicio de la senadora RN, Lily Pérez, el acuerdo alcanzado entre la empresa privada y el municipio de Puchuncaví sienta buenos precedentes futuros, ya que “si efectivamente la empresa está cumpliendo con todas las normativas que corresponden y que le exige la ley, lo que hay que hacer es asociarse y creo que esa ha sido la actitud de las autoridades comunales”.

En este sentido, la parlamentaria aclaró que en estos ámbitos empresariales, donde el tema medioambiental adquiere relevante importancia, “lo primero que debe hacerse es exigir a las empresas planes de mitigación ambiental que sean reales, cosas que sean consistentes desde el punto de vista de la contaminación que producen, que den trabajo a la gente de la zona y que además hagan un aporte social sustantivo, unidos estos factores pueden salir buenas cosas para la comunidad”.

principales ejes

La senadora plantea que tras la formalización del acuerdo, habrá que insistir en el cumplimiento de dos ejes fundamentales, que permitirán el buen restablecimiento de las obras y correcta ejecución del proyecto.

“Lo primero es insistir en un eje medioambiental, que dice relación con que Gener enfrente un plan de mitigación ambiental con mayor inversión de parte de la empresa y que sea real, ya que todos sabemos que las empresas son jueces y parte por lo tanto tener una empresa que haga un esfuerzo adicional y relevante en términos de mejoras en la tecnología, avanzando incluso más allá de los que exige la normativa mínima, me parece que es algo que hay que destacar”, sostuvo la parlamentaria.

Para Pérez el otro eje es el social comunitario, “donde uno ve un esfuerzo real de la empresa por hacer un aporte sustantivo. Me informan que ya hay US$ 5 millones destinados a trabajo social y comunitario, lo que permitirá concretar al fin la construcción del primer Centro de Salud Familiar, Cesfam, (con una inversión de $1.100 millones)”.

En esta línea, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, consejero regional Manuel Millones, aclara que uno de los aspectos positivos del acuerdo alcanzado y que a su juicio es el que adquiere mayor relevancia, apunta a aumentar los estándares que se exigirán al resto de las empresas. “El acuerdo extrajudicial, es un hito que se constituye en un precedente para otras empresas instaladas o por emplazarse en ese territorio, en que las exigencias ambientales y la relación con la comunidad debe ser diferente, y en tal sentido, el acuerdo logrado en que la ciudad obtiene más de $ 2.300 millones para inversiones sociales, resulta vital para el manejo territorial futuro”.

Asimismo, Millones aclaró que “lo importante es que este acuerdo va a obligar a que la calificación ambiental de otros proyectos y en la misma relación de la responsabilidad social empresarial con los vecinos, necesariamente tendrá que existir una mirada diferente al territorio, y esto a mi juicio es lo más relevante de esta negociación”.

Fuente: Mercurio de Valparaíso