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7 mayo, 2018

DOMINGA 7

Clemente Pérez.

Director Sustentable S.A.

Dos tendencias se aprecian en el reciente llamado del 1er Tribunal Ambiental de buscar una conciliación en el bullado caso del proyecto Dominga.

La primera, es la tendencia creciente de los tribunales de promover acuerdos en la resolución de controversias. Contrariamente a lo que algunos “puristas” reclaman contra la política y su capacidad de generar consensos (las críticas a la llamada “cocina”), los tribunales de Chile y del mundo saben que las decisiones vinculantes son más efectivas cuando se promueven sobre la base de acuerdos, ya no solo en el ámbito civil, como era antes, sino hoy en día también en los temas de derechos del consumidor, familia, ambientales e incluso en la nueva justicia penal.

La evaluación ambiental de proyectos no es tan simple como una verificación de “cumple o no cumple”, tipo revisión técnica de un automóvil, sino un proceso administrativo complejo, con amplios espacios de discrecionalidad, normas interpretables, modelaciones que dependen de las premisas que se adopten, sistemas de compensaciones poco normados y análisis bastante subjetivos sobre los impactos de dichos proyectos sobre el medio humano. Todo ello dificulta la simple “aplicación” de la normativa vigente a la que están llamados los Tribunales de Justicia. Por ello, resulta razonable que se promueva la búsqueda de acuerdos para resolver proyectos complejos.

La segunda tendencia es la creciente intervención de la justicia en temas que son de competencia técnica, cuando la administración no ejerce bien su rol. Porque uno podrá estar a favor o en contra de Dominga, pero una cosa es clara, la evaluación ambiental del proyecto ha sido anecdótica y poco rigurosa. Baste recordar que Seremis que informaron favorablemente el proyecto, a los pocos días votaron en contra. Luego ocurrió aquello de que a los ministros de Estado les dieron solo tres días para estudiar la reclamación, los diversos informes y las casi 3.000 páginas que contiene la resolución de rechazo, situación que motivó la digna renuncia del equipo económico, cosa inédita desde el retorno de la democracia.

Contrasta esa precipitada decisión del Comité de Ministros, con el trabajo diligente y dedicado que ha mostrado el 1er Tribunal Ambiental, cuyos ministros asumieron recientemente, después de cuatro años de retraso en su designación. En suma, habiendo litigios, es bueno que se busque instancias de conciliación. Si queremos evitar que los tribunales revisen las resoluciones administrativas, y más aún, que se lleve a los servicios públicos a buscar acuerdos, es necesario que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se concentre más en proteger el medio ambiente, con normas claras, predecibles, plazos razonables, y exigencias que vayan al fondo de los impactos, y no al eterno listado de informes y gestiones adjetivas, como suele ocurrir.

Implementar las recomendaciones de la Comisión Asesora creada por la Presidenta Bachelet para mejorar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un primer paso. Insuficiente tal vez, pero un primer paso.

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